David Tovar @AbgDTC

Roxin y Jakobs: la imposición de la pena en el funcionalismo penal. Claus Roxin y Günther Jakobs son dos de los principales exponentes del funcionalismo penal en la dogmática alemana contemporánea. Ambos superan las teorías clásicas (causalismo y finalismo) al construir el sistema del delito y la pena atendiendo a la función social del Derecho Penal, pero difieren significativamente en su enfoque: Roxin representa un funcionalismo moderado o teleológico-valorativo, mientras que Jakobs defiende un funcionalismo normativo o radical/sistémico. 1. Teoría de la pena según Claus Roxin (funcionalismo moderado) Roxin distingue claramente entre: - El cometido general del Derecho Penal: protección subsidiaria de bienes jurídicos, garantía del libre desarrollo de la personalidad y preservación de un orden social libre. - El fin específico de la pena en el caso concreto (teoría de los fines de la pena). Rechaza las teorías absolutas (retribución pura, como en Kant o Hegel), ya que la pena no se justifica solo por el merecimiento del mal pasado, sino que debe perseguir fines preventivos. Propone una teoría preventivo-integradora o de la unión: - Prevención general (positiva y negativa): fortalecer la confianza en el orden jurídico y disuadir a la sociedad. - Prevención especial: resocialización o neutralización del delincuente cuando sea necesario. - La pena debe ser necesaria desde el punto de vista preventivo. Rol clave de la culpabilidad: Para Roxin, la culpabilidad tiene una función limitadora liberal independiente de la retribución. La pena no puede superar el límite superior de la culpabilidad (proporcionalidad), aunque sí puede quedar por debajo si las necesidades preventivas lo permiten. No basta con la culpabilidad para imponer pena: también debe existir necesidad preventiva. Si no hay necesidad (ni general ni especial), no se impone pena. Esto vincula la dogmática con la política criminal y límites constitucionales, haciendo su enfoque más garantista y orientado a valores. 2. Teoría de la pena según Günther Jakobs (funcionalismo normativo/radical) Jakobs enfoca el Derecho Penal en la estabilización de expectativas normativas y la vigencia de la norma en la sociedad (influencia de Luhmann). La pena no se dirige primariamente al individuo, sino a la sociedad como confirmación de la norma violada. - La pena es prevención general positiva: restablece la confianza en el orden normativo al afirmar que la conducta del autor (su “rebelión” contra la norma) es incorrecta. - La culpabilidad se integra fuertemente a la prevención: se castiga porque es necesario para mantener la fidelidad al Derecho y los roles sociales. - Mayor énfasis en el aspecto normativo y sistémico: el delito es una contradicción a la norma que debe ser contrarrestada para que la sociedad siga confiando en ella. Jakobs es más radical: la pena sirve a la autopreservación del sistema mediante la estabilización social. Esto ha llevado a críticas por su distinción entre “Derecho penal del ciudadano” y “Derecho penal del enemigo” (Feindstrafrecht), donde para ciertos autores se relajan garantías. 3. Diferencias principales en la imposición de la pena - Fundamento: Roxin combina prevención con límites de culpabilidad y proporcionalidad (enfoque equilibrado y garantista). Jakobs prioriza la estabilización normativa y prevención general positiva (más sistémico y abstracto). - Culpabilidad: En Roxin es un límite independiente y liberal. En Jakobs está más subsumida en la necesidad de confirmar la norma. - Orientación: Roxin es más teleológico-valorativo (valores constitucionales, bienes jurídicos, política criminal). Jakobs es más normativista radical (roles, expectativas, vigencia de la norma). - Imposición concreta: Roxin exige que la pena sea proporcional a la culpabilidad y necesaria preventivamente. Jakobs ve la imposición como afirmación normativa, independientemente de efectos individuales en muchos casos.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

📢📢⚖️ CLÁUSULA PENAL ES UNA OBLIGACIÓN ACCESORIA Y CONDICIONAL A través de sentencia notificada el 10 de julio de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito explicó que la cláusula penal está subordinada al incumplimiento o retardo de la obligación principal. Por eso, para exigirla ejecutivamente no basta aportar el contrato que la contiene. 📌 Aspectos relevantes 1️⃣ La cláusula penal depende de una condición Su exigibilidad está subordinada a que se configure el incumplimiento o retardo de la obligación principal. 2️⃣ No basta mostrar el contrato El contrato que contiene la cláusula penal no prueba por sí solo que la pena sea actualmente exigible. 3️⃣ Debe acreditarse quién cumplió y quién incumplió Para cobrar la pena, debe aparecer claro el incumplimiento de una parte y el cumplimiento o allanamiento oportuno de la otra. 4️⃣ El ejecutivo exige obligación clara, expresa y exigible Si la exigibilidad depende de un debate previo, el título no presta mérito ejecutivo en esos términos. 5️⃣ El incumplimiento discutido desborda la vía ejecutiva Si debe definirse quién incumplió, si el incumplimiento fue relevante o si hubo incumplimiento recíproco, el asunto corresponde a un debate declarativo. 💡 Conclusión La cláusula penal es accesoria y condicional. Para cobrarla ejecutivamente no basta aportar el contrato: debe estar acreditado el incumplimiento que activa la pena y el cumplimiento o allanamiento de quien la reclama. Si eso exige debate, no hay obligación clara, expresa y exigible. La ficha jurisprudencial, la providencia completa y el análisis detallado están disponibles en la comunidad Códex Jurisprudencial. Acceso desde la web, con contacto directo por WhatsApp: 🌐 codexjurisprudencial.com 📷 shorturl.at/eguQR

Un peatón de 58 años. Un accidente de tránsito en Machetá, Cundinamarca. Fractura de peroné, fractura de rótula y fracturas múltiples en la pierna. Y una aseguradora que le certificó, por escrito, una pérdida de capacidad laboral del 0.00 %. Según denunció la víctima, nunca fue sometida a valoración médica: ni presencial ni virtual. Una calificación "de escritorio". Esto acaba de resolverlo la Corte Constitucional en la Sentencia T-044 de 2025, y todo abogado —y toda víctima de accidente de tránsito— debería conocerla. El accionante fue arrollado en 2022 por un vehículo cuyo SOAT estaba a cargo de La Previsora S.A. Cuando solicitó ser valorado por la Junta de Calificación de Invalidez para reclamar la indemnización por incapacidad permanente, la aseguradora le expidió esa calificación del 0.00 % y, ante su reclamo, le envió una "lista de chequeo": que él mismo consiguiera el dictamen. Pagar los honorarios de la junta, según la compañía, no era asunto suyo. En el proceso, la aseguradora sostuvo dos cosas: que la víctima no probó su falta de recursos y que, si pudo contratar abogado, entonces tenía dinero para pagar la junta. La respuesta de la Corte fue tajante: tener apoderado judicial NO prueba capacidad económica. El poder puede estar precedido de un pacto ad honorem o de honorarios de resultado. Lo que sí estaba probado era exactamente lo contrario: el actor pertenece al régimen subsidiado, está clasificado como vulnerable en el Sisbén y no tiene un solo inmueble a su nombre. Cuando la compañía de seguros ha asumido el riesgo —como ocurre con el SOAT—, le corresponde realizar en primera oportunidad el dictamen de pérdida de capacidad laboral Y sufragar los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez. No es un favor: es una obligación legal derivada de la Ley 100 de 1993, la Ley 1562 de 2012 y la jurisprudencia constitucional. El Tribunal de segunda instancia había tumbado el amparo por un defecto formal: el poder era general y no especial. La Corte también corrigió esa decisión: el juez de tutela debe usar sus poderes oficiosos y hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal (artículo 228 de la Constitución), no sepultar derechos fundamentales bajo formalismos que se subsanan con un simple requerimiento. Resultado: amparo confirmado y ADVERTENCIA expresa a la aseguradora para que se abstenga de imponer barreras que dilaten los trámites de calificación e indemnización. Si su cliente —o usted— fue víctima de un accidente de tránsito y la aseguradora del SOAT le exige pagar la junta de calificación, o le expide calificaciones sin valoración médica real, no está ante un simple mal servicio: está ante la vulneración de un derecho fundamental que la acción de tutela puede corregir, incluso cuando existan otros mecanismos judiciales, si la víctima es una persona vulnerable. ¿cree usted que una ADVERTENCIA de la Corte es suficiente para que las aseguradoras cambien, o hacen falta SANCIONES económicas directas? Lo leo en los comentarios. Guarde esta publicación: el día que la necesite, va a agradecer tenerla a la mano. #DerechoDeSeguros #SOAT #CorteConstitucional #Tutela #AccidentesDeTransito #AbogadoEspaña

📌 | 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐒𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋 ⚖️ 𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐈𝐎 (𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚) 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄́𝐒 𝐉𝐔𝐑𝐈́𝐃𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐑𝐑𝐈𝐑 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋 ⬇️

📢📢⚖️ PERDER UN PROCESO NO GENERA AUTOMÁTICAMENTE RESPONSABILIDAD CIVIL A través de sentencia notificada el 10 de julio de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito confirmó la sentencia que negó la responsabilidad civil reclamada contra una copropiedad por haber promovido un proceso de rendición provocada de cuentas y una denuncia penal contra quien había ejercido su administración. La Sala reiteró que acudir a la jurisdicción es, en principio, un ejercicio legítimo del derecho de acceso a la justicia. 📌 Aspectos relevantes 1️⃣ Demandar no es automáticamente abusar del derecho El hecho de que una pretensión fracase no convierte retrospectivamente al demandante en responsable de los perjuicios que alegue la contraparte. 2️⃣ El acceso a la justicia es un derecho legítimo Promover acciones judiciales o denuncias puede estar justificado cuando existen antecedentes objetivos que ameritan explicación o investigación. 3️⃣ La simple culpa no basta La responsabilidad por abuso del derecho a litigar no se estructura con una equivocación jurídica ordinaria. 4️⃣ Debe probarse malicia o temeridad grave Es necesario demostrar que la actuación fue promovida de forma maliciosa, temeraria, fraudulenta o con conocimiento de su absoluta falta de fundamento. 5️⃣ Las dudas contables justificaban acudir al juez La copropiedad había advertido inconsistencias en registros contables, desorden administrativo y dudas sobre ingresos comunes, lo que justificaba pedir explicaciones. 💡 Conclusión Perder un proceso no genera automáticamente responsabilidad civil. Para que exista abuso del derecho a litigar debe probarse una actuación maliciosa, temeraria, fraudulenta o abiertamente infundada, no solo el fracaso de la pretensión. La ficha jurisprudencial, la providencia completa y el análisis detallado están disponibles en la comunidad Códex Jurisprudencial. Acceso desde la web, con contacto directo por WhatsApp: 🌐 codexjurisprudencial.com 📷 shorturl.at/eguQR

La sentencia SP583-2026 de la @CorteSupremaJ ilustra que, en ataques colectivos, la responsabilidad penal no se define solo por la autoría material de la lesión mortal, sino por la función del aporte dentro del plan común y su incidencia en la indefensión de la víctima.

📌 | 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐦𝐚𝐫 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐚 ⬇️

📌 | 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄 📍📍📍 ⚖️ 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐦𝐢𝐬 𝐚𝐦𝐢𝐠𝐨𝐬 𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐠𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬, 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐀𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐕𝐢́𝐜𝐭𝐢𝐦𝐚𝐬 ⬇️

⚖️ En la acción hipotecaria no se demanda a la persona, sino que se hace efectivo el derecho sobre el bien dado en garantía. Comprender el remate judicial es clave para una correcta práctica jurídica. #JuicioHipotecario #DerechoCivil #ActualizaciónJurídica

¿Puede una fuente humana no formal, sin verificación objetiva, justificar una interceptación o un allanamiento? La Corte Suprema acaba de responder con un mensaje contundente en el Rad. 70393 (M.P. Urbano Martínez). Comparto una filmina práctica sobre el paso a paso constitucional que deberían seguir fiscales y jueces de garantías.

gmhlex.com.co/stc3946-2026-n…

📌 | 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥 ⚖️ 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐀𝐋𝐋𝐀𝐍𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒: La Corte REITERA su criterio acerca de la inexigibilidad del REINTEGRO del dinero obtenido por el delito, frente a la posibilidad de ALLANARSE UNILATERLAMENTE que tiene el Procesado. Providencia SP012-2026. 70.525. Pág. 42 -44 ⬇️

La @CorteSupremaJ modificó su línea jurisprudencial sobre el delito de violencia intrafamiliar. La violencia reiterada no siempre constituye un único delito: cuando los episodios son autónomos, diferenciables y tienen entidad propia, puede configurarse un concurso homogéneo de violencia intrafamiliar.

⚖️ SP436-2026 (72553) ¿Puede exigírsele a un servidor público denunciar cuando hacerlo implica autoincriminarse? La Corte responde que no. El derecho a la no autoincriminación limita el deber de denuncia y, por esa razón, absuelve por el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia. Se trata de una sentencia bastante densa en contenido. Aborda: ✔️ Estructura típica del Cohecho propio. ✔️ Prevaricato por omisión. ✔️Asesoramiento ilegal. ✔️ También la institución de la insuperable coacción ajena como causal de inculpabilidad. ✔️ Nulidad como remedio procesal extremo. ✔️ «Principio» de selección probatoria. ✔️ Cadena de custodia y cláusula de exclusión. En la decisión se absuelve por el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia y, aunque comparto el resultado absolutorio, discrepo de la tesis según la cual la compulsa de copias equivale a la querella. La Fiscalía no es querellante legítima y, por tanto, no puede suplir un requisito de procedibilidad reservado a la víctima o al titular del bien jurídico. La discusión no es si ambas figuras son distintas, sino si quien compulsa tiene legitimación para querellar. A mi juicio, no la tiene. En la ficha desarrollo las razones. Acceso completo a la ficha de revisión jurisprudencial en el siguiente enlace ⬇️ drive.google.com/file/d/1jur1y-…

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

Es posible imponer una medida de seguridad a un inimputable y su judicialización es procedente, a pesar de no contar con capacidad procesal. drive.google.com/file/d/181cqd9…

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

📌 | 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥 ⚖️ 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐈𝐌𝐏𝐔𝐆𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐎: I. Principio adversarial: facultades y obligaciones de la defensa en materia de impugnación de credibilidad del testimonio; II. Consecuencias de que la defensa no utilice esta herramienta jurídica: si la parte decide renunciar a su ejercicio, ya no podrá plantearla en estadios procesales subsiguientes, ni en instancias superiores, ni en casación. Providencia SP189-2026. Radicado 60.455 ⬇️

LA CONVIVENCIA DE CINCO AÑOS EN CUALQUIER TIEMPO HABILITA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES DEL CÓNYUGE SEPARADO DE HECHO CON VÍNCULO MATRIMONIAL VIGENTE. 🧑‍⚖️ DESEAS ESTAR ACTUALIZADO A DIARIO DE TODA LA JURISPRUDENCIA DEL PAIS? SUSCRIBETE 👉 wa.link/84ud12

Los honorarios profesionales del abogado no pueden superar la participación correspondiente al cliente, es decir, 50% del total reconocido a los afectados, pues una interpretación en contrario perdería la esencia y la finalidad de la reparación. drive.google.com/file/d/11OonYO…

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

⏩Derecho Penal ⏩AC-039-6 -Arma traumática, porte de munción modificada. Negativa de preclusión. 2025-00240 Fernando Burgos Villada. Se revoca para precluir Sentencia al WhatsApp --gratis---

¿PUEDEN DESPEDIR A UN TRABAJADOR POR NO DEMOSTRAR EN QUÉ GASTÓ SUS CESANTÍAS? LA CORTE SUPREMA DIJO QUE SÍ 🧑‍⚖️ DESEAS ESTAR ACTUALIZADO A DIARIO DE TODA LA JURISPRUDENCIA DEL PAIS? 👉wa.link/84ud12